NUEVA REGULACIÓN
La Dirección General de Escuelas (DGE) elevó a la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley que busca regular y ordenar el funcionamiento de los jardines maternales de gestión privada que atienden a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años. La propuesta plantea la integración formal de estas instituciones al sistema educativo provincial, con el objetivo de garantizar estándares comunes de calidad educativa, registro institucional y supervisión pedagógica.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación obligatoria de los niños y niñas que asisten a estos espacios al sistema GEI (Gestión Educativa Integral Mendoza). Esta medida permitiría avanzar en la nominalización, el seguimiento y el control de la matrícula de la primera infancia, un segmento que hasta el momento presenta un desarrollo heterogéneo en el ámbito privado.
Desde el ámbito educativo explicaron que la iniciativa tiene como finalidad “ordenar, profesionalizar y convertir al jardín maternal de gestión privada en un espacio educativo formal, con reglas claras y supervisión pedagógica”. En ese marco, el proyecto propone la creación de un cuerpo de supervisores que dependerá de los Centros Educativos de la Primera Infancia (CEPI), equiparando derechos y obligaciones con las instituciones que ya forman parte del sistema público.
La modificación legislativa se vincula además con la política de expansión de la educación inicial, en particular con el desafío de universalizar la Sala de 3 años y ampliar la cobertura para la primera infancia. Según se plantea en los fundamentos, esta etapa es considerada estratégica por su impacto en el desarrollo social y económico, así como en la autonomía económica de las mujeres, al facilitar su inserción laboral o continuidad educativa.
El proyecto también apunta a dotar al sector de certeza jurídica, estableciendo la denominación única de “Jardines Maternales de Gestión Privada”, y a centralizar en la DGE las tareas de inspección, funcionamiento y supervisión pedagógica y técnica, diferenciándolas de otros controles de carácter administrativo o comercial.
Entre los requisitos previstos, se destaca la obligatoriedad de contar con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) y de someter las prácticas pedagógicas a supervisión, con el objetivo de jerarquizar el servicio educativo y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los niños y niñas.
