FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
Las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), encabezadas por la rectora Esther Sánchez y el vicerrector Gabriel Fidel, ampliaron información sobre el proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria presentado recientemente en el Congreso de la Nación. Este proyecto, elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con participación de todo el sistema universitario argentino, busca garantizar la previsibilidad financiera y el sostenimiento del sistema de universidades públicas.
Sánchez destacó que el proyecto contó con la participación activa de la Federación Universitaria Argentina y los gremios docentes y no docentes, lo que garantiza la representación de todos los sectores involucrados. “Todo lo que estamos haciendo es por los estudiantes”, remarcó la rectora, enfatizando que la propuesta responde a la necesidad de asegurar los fondos para el funcionamiento integral de las casas de estudio.
El proyecto apunta a corregir la actual situación presupuestaria que desde 2024 y 2025 opera con un presupuesto reconducido, sin ajuste conforme a las necesidades reales. La ley plantea un mecanismo que asegure el financiamiento para salarios y funcionamiento sin comprometer otros fondos ni generar déficit fiscal.
Uno de los aspectos centrales es vincular la financiación universitaria a un porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). Actualmente, el porcentaje destinado a educación superior es del 0,4%, mientras que el proyecto propone aumentarlo progresivamente desde el 1% en 2026 hasta el 1,5% en 2031, garantizando una mejora sustancial en los recursos.
La propuesta consta de 12 artículos que incluyen temas como incremento de inversión, recomposición salarial, paritarias, gastos de funcionamiento, fondo para carreras estratégicas, becas universitarias, y la vinculación al PBI, entre otros puntos clave para fortalecer la universidad pública argentina.
En cuanto a la situación actual de la UNCuyo, la rectora explicó que la universidad prioriza los fondos disponibles para garantizar el funcionamiento, aunque enfrenta un déficit mensual importante para cubrir servicios básicos. “Recibimos aproximadamente 340 millones de pesos mensuales, cuando los gastos son de 600 millones para vigilancia y funcionamiento”, señaló, subrayando la necesidad urgente de una financiación adecuada.
Como parte del respaldo al proyecto, las autoridades enviaron una carta a las y los diputados nacionales solicitando su voto favorable, en la que destacan que esta ley es fundamental para asignar los recursos necesarios que aseguren aulas en condiciones adecuadas, becas que transforman vidas y un financiamiento estratégico para el desarrollo de la Nación, con el objetivo de garantizar el sostenimiento y crecimiento de la universidad pública argentina, que desempeña un rol clave en la transformación social y el futuro del país.
