MENDOZA
El Gobierno de Alfredo Cornejo rechazó el pedido de una agente estatal que solicitaba el pago retroactivo del Fondo de Compensación Funcional por haber desempeñado funciones legales como abogada en la Oficina General de Sumarios, en el marco de una misión especial asignada desde julio de 2022.
La trabajadora, también docente, fue asignada a dicha oficina mediante una misión especial, desempeñando funciones propias de un abogado en el ámbito jurídico-administrativo. Sin embargo, su remuneración permaneció bajo el régimen docente, lo que, según su denuncia, generó una desigualdad salarial en comparación con otros profesionales en roles similares.
El Ejecutivo justificó el rechazo al recurso señalando que el beneficio del Fondo de Compensación Funcional aplica únicamente al personal legalmente adscripto, no a quienes cumplen misiones especiales. Además, destacó que su salario bajo el escalafón docente era superior al de un agente profesional inicial del ministerio, considerando el reclamo "carente de objeto".
La agente argumentó que esta decisión vulnera principios internacionales sobre igualdad salarial, como los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su Artículo 7(a)(i) reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, incluyendo una remuneración equitativa e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie.
La decisión final fue oficializada mediante el Decreto N.º 2757, publicado este viernes, aunque con fecha del 19 de diciembre de 2024, firmado por el propio Cornejo y el ministro de Gobierno, Natalio Mema. En el documento se establece que, si bien el recurso jerárquico fue aceptado en términos formales, se rechazó en lo sustancial debido a que no se cumplían los requisitos establecidos en la normativa vigente.
