AJUSTE
Si el Gobierno nacional mantiene su decisión de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, el crédito previsto para 2026 consolidaría el mayor recorte de las últimas décadas y llevaría el nivel de recursos a valores equivalentes a los de 2006-2007.
Con el inicio del ciclo lectivo 2026 próximo a comenzar, las universidades nacionales vuelven a enfrentar un escenario crítico. La administración de Javier Milei continúa sin instrumentar la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada e insistida por el Congreso tras el veto presidencial, y además impulsa un nuevo proyecto que modifica aspectos centrales de esa norma.
De acuerdo con estimaciones privadas, si se sostiene el actual esquema de ajuste, el presupuesto universitario de 2026 quedaría entre 32% y 39% por debajo de los niveles de 2023 en términos reales, dependiendo de la inflación que finalmente se registre. En el escenario más pesimista —si se toma como referencia la inflación proyectada por el REM del Banco Central— la caída alcanzaría el 39%, lo que implicaría un retroceso de casi dos décadas en materia de financiamiento.
Salarios, el núcleo del ajuste
El deterioro se concentra principalmente en los salarios docentes y nodocentes, que explican más del 86% del recorte aplicado en los últimos dos años. Según distintos informes, el salario docente universitario acumulaba a diciembre de 2025 una pérdida del 31% respecto de noviembre de 2023, con riesgo de profundizarse si la inflación supera las previsiones oficiales.
Mientras que la ley vigente obliga al Ejecutivo a recomponer las partidas salariales —con un refuerzo superior a los $2,7 billones para 2026—, el nuevo proyecto oficial reduce drásticamente ese monto y no garantiza actualizaciones que acompañen la inflación. La diferencia entre ambas propuestas ronda los $2,5 billones, recursos que dejarían de percibir los trabajadores del sistema universitario.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que el debate no es meramente presupuestario, sino estructural: sin recomposición salarial ni actualización de gastos de funcionamiento, las universidades verían comprometidas sus actividades académicas, científicas y de extensión en todo el país.
Transferencias en caída y retroceso histórico
Las transferencias a universidades —canalizadas a través del Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano— crecieron en términos nominales durante 2025. Sin embargo, al descontar la inflación acumulada, el presupuesto experimentó una caída real cercana al 29% respecto de 2023.
El impacto no se limita a los salarios. También se registran fuertes reducciones en programas como promoción de carreras estratégicas, asistencia para el funcionamiento universitario, fortalecimiento de la ciencia y la técnica y extensión universitaria, esta última con un recorte particularmente severo. En paralelo, el programa Progresar redujo tanto la cantidad de beneficiarios como el poder adquisitivo del estipendio.
Para los especialistas del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN), el ajuste aplicado al sistema universitario “no tiene parangón en la historia reciente” y el presupuesto proyectado para 2026 consolida una tendencia que compromete el funcionamiento regular de las universidades públicas.
Si no se modifica el rumbo, el financiamiento del sistema universitario argentino volvería a niveles de hace veinte años, en un contexto de mayor matrícula, expansión territorial y creciente demanda social por educación superior.
