Aumento
El presidente argentino, Javier Milei, ha emitido un decreto que establece la "emergencia del sector energético nacional" hasta finales del año 2024. Esta medida afecta a varios segmentos críticos, incluyendo la generación, el transporte y la distribución de electricidad, así como el transporte y la distribución del gas natural.
Este decreto, una respuesta a la situación actual del sector energético, también implica la extensión de las intervenciones de los entes reguladores del sector, específicamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). La decisión se ha tomado en parte debido a los retrasos en los nombramientos de los responsables de estos entes.
Además, el decreto presidencial ordena que se inicie una revisión del esquema tarifario vigente. Este proceso busca implementar un nuevo esquema que entraría en vigencia en el año 2024. La medida busca abordar y reestructurar los desafíos y necesidades del sector energético del país, en un contexto de cambios y demandas crecientes. La decisión del presidente Milei marca un paso significativo en la gestión y regulación del sector energético en Argentina, con el objetivo de garantizar su estabilidad y eficiencia a largo plazo.
El Decreto 55/2023 fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial y cuenta con la firma del presidente Javier Milei y de todo el Gabinete de Ministros. En efecto, la emergencia declarada en el sector energético “hasta el 31 de diciembre de 2024″ abarca “a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”. La medida instruye a la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, que a su vez funciona bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo, “para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia declarada, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”.
Tras dar por iniciada la revisión tarifaria, el Gobierno de Milei estableció que a entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024. A su vez, se dispuso la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a partir del 1° de enero de 2024, y hasta la designación de los miembros del Directorio. Los interventores que designe el Ministerio de Economía están facultados a realizar los procesos de revisión de tarifas y hasta que estén definidas podrán “aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados, a cuenta de lo que resulte de la revisión tarifaria”. Para la conformación de los directorios del ENRE y del ENARGAS, la Secretaría de Energía cuenta con un plazo de 180 días. La decisión fue ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional mientras suceden diversos cortes masivos a raíz del temporal que azotó a la Provincia y a la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, en los considerando, se justificó la publicación del decreto señalando que “la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de Gas y Energía Eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación”. “Resulta imperioso encauzar la prestación de los mencionados servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos y de los contratos suscriptos por el Estado Nacional y las empresas prestadoras, con las adecuaciones y revisiones correspondientes”, planteó la Secretaría de Energía, que a su vez advirtió que “de no adoptarse medidas urgentes se profundizará la deficiente calidad de servicio descripta en perjuicio de los usuarios”.
El Gobierno argentino ha emitido el Decreto 55/2023, publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y su Gabinete de Ministros. Este decreto establece una emergencia en el sector energético hasta el 31 de diciembre de 2024, abarcando la generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, así como el transporte y distribución de gas natural.
La Secretaría de Energía, dirigida por Eduardo Rodríguez Chirillo y dependiente del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, ha sido instruida para desarrollar e implementar un programa de acciones necesarias en los segmentos afectados por esta emergencia. Este programa tiene como objetivo establecer precios competitivos y accesibles, mantener los ingresos en términos reales y satisfacer las necesidades de inversión para asegurar la prestación continua de los servicios públicos de energía y gas en condiciones técnicas y económicas adecuadas tanto para los proveedores como para los usuarios.
El gobierno de Milei ha iniciado la revisión tarifaria, estableciendo que los nuevos cuadros tarifarios resultantes no deben exceder del 31 de diciembre de 2024. Además, se ha dispuesto la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) desde el 1° de enero de 2024 hasta la designación de los miembros de sus directorios. Los interventores designados por el Ministerio de Economía están autorizados a realizar procesos de revisión de tarifas y, hasta que estas se definan, podrán aprobar ajustes tarifarios transitorios.
La Secretaría de Energía tiene un plazo de 180 días para conformar los directorios del ENRE y del ENARGAS. Este decreto se produce en un contexto de cortes de energía masivos debido a un temporal en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno justifica la medida destacando la obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adaptación a las necesidades actuales y futuras de demanda, y la urgencia de renovar y ampliar las redes. La Secretaría de Energía enfatiza la necesidad de actuar bajo los marcos regulatorios vigentes y los contratos existentes, advirtiendo que la falta de medidas urgentes podría profundizar la deficiente calidad del servicio, perjudicando a los usuarios.
