El Gobierno incorporó en su proyecto de reforma laboral una modificación clave para el mercado inmobiliario: propone eliminar el impuesto cedular aplicado a la venta de propiedades. Aunque la reforma tributaria quedó para una instancia posterior, esta corrección se incluyó por considerarse estratégica para destrabar operaciones que venían frenadas.
En los últimos años convivieron distintos regímenes. Tras la derogación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, la carga fiscal quedó concentrada en el tributo cedular para las propiedades compradas a partir de 2018. Con la nueva propuesta, ese esquema también sería eliminado, lo que significa que todas las ventas quedarían exentas, sin distinción de fecha de adquisición.

Especialistas del sector consideran que la medida generará un incentivo directo para comprar y alquilar. Además de simplificar trámites, evitará situaciones en las que el impuesto terminaba castigando al vendedor por efectos de la inflación o por devaluaciones que distorsionaban el valor en pesos frente al monto real en dólares.
Según análisis del rubro tributario, el cambio también corrige una desigualdad entre quienes habían adquirido un inmueble antes de 2018 y estaban exentos, y quienes lo hicieron después y debían tributar. A la vez, se estima que la pérdida de recaudación será baja, dado que las operaciones inmobiliarias continúan en niveles reducidos.
El proyecto incluye otras medidas: la posible eliminación del impuesto interno a autos, motos, seguros y servicios de telefonía; una baja gradual en Ganancias para sociedades; y una actualización por inflación de los quebrantos generados desde 2025. Para la reforma tributaria más amplia, el oficialismo buscará acuerdos recién en el próximo tramo de las sesiones extraordinarias.



