TENSIÓN POLÍTICA
El peronismo consolidó en los últimos días una posición más dura frente a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Legisladores y organizaciones sindicales mantuvieron reuniones consecutivas para definir una estrategia conjunta y evitar divergencias internas en el debate público y parlamentario.
La central obrera, junto a otras agrupaciones sindicales, convocó a una movilización el 18 de diciembre en la Plaza de Mayo, con el objetivo de dar una señal de fuerza antes de que el proyecto avance en el Congreso. Desde esos espacios advirtieron que varios artículos de la iniciativa serían inconstitucionales y anticiparon que podrían derivar en una disputa judicial.
En paralelo, senadores y diputados peronistas mantuvieron encuentros con organizaciones de trabajadores estatales y de la economía popular. Allí coincidieron en que la propuesta oficial representa un retroceso en derechos laborales, que abarata el costo del despido y no contribuye a mejorar la generación de empleo registrado.
Los dirigentes sindicales plantearon además su preocupación por el impacto fiscal de las modificaciones impositivas incluidas en el paquete legislativo, al señalar que implicarían menos recursos para las provincias, lo que también encendió alertas en varios gobernadores.
Mientras tanto, el bloque peronista en la Cámara de Diputados comenzó a trabajar en una propuesta propia para modernizar la legislación laboral sin afectar las garantías básicas de los trabajadores. La idea es evitar quedar únicamente en un rol de resistencia y ofrecer una alternativa que unifique a los distintos sectores del espacio.
Con este escenario, el peronismo se prepara para dar una disputa política y territorial en rechazo al proyecto del Gobierno. La reforma no solo reordenó prioridades dentro del espacio, sino que además generó un nivel inesperado de cohesión interna en medio de tensiones y diferencias previas.
