El Gobierno nacional flexibilizó las exigencias y elevó los umbrales para declarar operaciones en efectivo con “dólares del colchón”, como compraventa de inmuebles, vehículos y depósitos bancarios.
En línea con la estrategia para atraer divisas fuera del sistema financiero formal, la Unidad de Información Financiera (UIF) ajustó los límites para reportar movimientos en efectivo, abarcando registros públicos, entidades financieras y escribanos, dentro del marco de la normativa para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Esta medida busca incentivar que los dólares físicos ingresen al circuito económico, ya sea para consumo, inversión o adquisición de activos, sin que se pierdan los controles antilavado vigentes.

Cambios clave en la normativa
Compra-venta de inmuebles:
La norma modificó el artículo 12 de la Resolución UIF N° 70/2011, elevando el umbral para declarar compraventas registradas en los Registros de la Propiedad Inmueble de 200 a 750 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). Considerando que el salario mínimo actual es $313.400, el nuevo límite para informar es de $235.050.000. Así, solo las operaciones que superen esa cifra deberán ser reportadas, aliviando la carga sobre transacciones menores.
Operaciones automotoras:
Se ajustó el artículo 16 de la Resolución UIF N° 127/2012, estableciendo un nuevo umbral de $115.000.000 anuales para que quienes compren vehículos deban justificar el origen de los fondos. La certificación contable ya no es obligatoria, y se aceptan diversos documentos como escrituras, estados bancarios, comprobantes de venta y declaraciones sobre el origen lícito del dinero.

Depósitos bancarios:
La Resolución UIF N° 14/2023 actualizó los requisitos para depósitos en efectivo en dólares. Ahora, las entidades deben hacer un seguimiento reforzado para depósitos que igualen o superen los 40 SMVM, es decir, $12.536.000 o más, identificando al depositante y, en caso de actuar en nombre de terceros, también a estos últimos. Quedan excluidas las operaciones con tarjetas o cuentas recaudadoras, aunque deben documentarse con el titular.
Escribanos públicos:
Se fortalecieron los criterios para el perfilamiento del cliente, exigiendo documentación sobre el origen de los fondos y las actividades del cliente. Además, se elevó de 700 a 750 SMVM el umbral para informar transferencias de inmuebles pagadas en efectivo cuando el escribano actúe en representación del cliente.
El Gobierno de Mendoza espera ahora la publicación oficial de los detalles para evaluar la adhesión a este nuevo esquema nacional que busca captar los “dólares del colchón”.
