LITIGIO
Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF informaron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera en caso de obtenerlas como parte del cobro, aunque reclaman que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación.
Esta presentación coincidió con la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentarse en favor de la Argentina en el litigio.
Este viernes en la madrugada se conoció que los acreedores en la sentencia de la jueza Loretta Preska que obliga a nuestro país a pagar US$ 16.000 millones, presentaron un escrito donde indicaron que buscarán la forma de devolverlas porque no tienen intención de administrar la compañía.
Así lo informó el especialista Sebastián Maril, quien además precisó que los demandantes también manifestaron su oposición a una apelación sin presentar una garantía financiera.
De acuerdo a su interpretación, este planteo, presentado en las últimas horas ante la justicia estadounidense, modifica el escenario procesal del caso.
En septiembre de 2023, la magistrada falló en contra de Argentina por la expropiación de YPF en 2012 y determinó que el Estado debía pagar por no haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como indicaba el estatuto de la empresa.
Hubo apelación y la causa llegó está a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para continuar con este recurso y evitar una ejecución inmediata de la condena, el país debe ofrecer una garantía financiera.
Los beneficiarios Indicaron que, si reciben acciones de YPF como parte de un eventual cobro, no buscarán conservarlas y tratarán de restituirlas por un mecanismo adecuado.
La Corte de Apelaciones debe resolver si Argentina puede continuar sin la garantía. Si no lo autoriza, quedará abierta la posibilidad de iniciar la ejecución de la sentencia y buscar activos argentinos en el exterior.
Por otro lado, desde el Gobierno confirmaron que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respaldó a la Argentina en su solicitud de suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF dictada por Preska el pasado 30 de junio.
Este nuevo apoyo se suma al que el propio Departamento de Justicia ya había expresado en noviembre de 2024.
