IMPACTO POLÍTICO
El Gobierno nacional intentó relativizar el avance de la causa contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, aunque en el oficialismo reconocen que el caso genera preocupación interna. La investigación sumó un nuevo capítulo tras la decisión judicial de profundizar el análisis patrimonial.
El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete y de su esposa, una medida que permitirá revisar cuentas, movimientos financieros y bienes. El objetivo es contrastar esa información con las declaraciones juradas y detectar posibles inconsistencias.
En la Casa Rosada sostienen que se trata de un paso habitual en este tipo de causas, pero admiten que podrían surgir nuevas revelaciones que mantengan el tema en agenda. Uno de los focos está puesto en las transferencias vinculadas a la compra de propiedades.
Pese al escenario, el presidente Javier Milei decidió sostener a Adorni como vocero, y descartan sumar otra figura para las conferencias de prensa. En el Gobierno aseguran que la pausa en la comunicación oficial es temporal, aunque no hay fecha definida para su regreso.
Mientras tanto, el caso impacta en el clima interno y en la imagen pública, con equipos que monitorean el efecto en la opinión social. Aunque el respaldo político se mantiene, en el oficialismo reconocen que la situación seguirá generando tensión en las próximas semanas.
