CAMBIO TRIBUTARIO
La Libertad Avanza consiguió este viernes en el Senado, junto a sus aliados, el dictamen de mayoría sobre el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave del Poder Ejecutivo que ahora quedó habilitada para su tratamiento en el recinto. El debate se realizará el 26 de diciembre a las 12, en una sesión en la que también se discutirá el Presupuesto 2026.
La definición se dio en el marco de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, donde se analizó el texto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados durante la madrugada del jueves.
Al abrir el debate, Pagotto sostuvo que el proyecto marca un cambio de paradigma en la política tributaria argentina. “En la Argentina estamos dejando atrás un esquema en el que se utilizaba a la AFIP como una policía del régimen. Este proyecto es un comienzo para consolidar la inocencia fiscal y para pasar de un sistema dominado por resoluciones generales a uno sustentado en la ley”, afirmó.
Desde la oposición, el senador radical Maximiliano Abad acompañó la iniciativa y destacó su enfoque conceptual. “Este nuevo modelo reconoce que los contribuyentes son inocentes hasta que el fisco, con documentación y pruebas, demuestre lo contrario. Es un cambio muy relevante en términos institucionales”, señaló.
No obstante, Abad manifestó su preocupación por algunos aspectos del texto, en particular por la actualización de las multas vinculadas a las declaraciones juradas, que pasan de 200 pesos a 220.000 pesos. Según advirtió, la norma no especifica el criterio de actualización ni contempla diferencias entre micro, pequeños, medianos y grandes contribuyentes.
Detalles clave del proyecto
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo nacional introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), a la ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
Uno de los ejes centrales es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, mediante el cual —según el Gobierno— los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre” frente a controles patrimoniales. El esquema establece un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder ingresar.
Bajo este régimen, los contribuyentes no deberán informar variaciones patrimoniales, ni estarán sujetos al control de sus consumos personales. En ese marco, ARCA sólo cobrará el Impuesto a las Ganancias en función de los ingresos facturados, independientemente del eventual crecimiento del patrimonio, que no será fiscalizado, y sobre esa base se podrán deducir los consumos.
El artículo 39 del proyecto establece el efecto liberatorio del pago cuando el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y cumple con el pago en término, salvo que se detecte la omisión de ingresos.
En materia penal, la iniciativa eleva de forma significativa los montos para configurar delitos tributarios. El umbral para la evasión simple pasa de 1,5 millones de pesos a 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada sólo se considerará cuando el monto supere los 1.000 millones de pesos, frente al piso actual de 15 millones.
Además, el proyecto reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años y establece que ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela las deudas y los intereses correspondientes, beneficio que podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.
En los casos en que la denuncia aún no haya sido radicada, la acción penal quedará extinguida si se paga la deuda con un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la imputación.
Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, también contempla un incremento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término, uno de los puntos que genera mayor debate de cara a su tratamiento en el recinto.
