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La CGT enfrenta un 2026 clave por la reforma laboral y define qué artículos buscará cambiar

La central obrera retomará en enero las gestiones con gobernadores y bloques legislativos para frenar o modificar el proyecto impulsado por el Gobierno, que ya tiene dictamen en el Senado.

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La CGT cerró un 2025 complejo, atravesado por el recambio de su conducción y por el avance del Gobierno sobre una nueva reforma laboral. De cara a 2026, la central obrera considera que el escenario será de alto riesgo político y sindical, ya que el tratamiento del proyecto oficial podría marcar a fuego a la actual dirigencia.

Los referentes cegetistas mantienen la expectativa de que el Ejecutivo habilite una instancia de negociación de último momento. El proyecto ya cuenta con dictamen en el Senado y comenzará a debatirse desde el 10 de febrero, por lo que en enero la CGT reactivará contactos con gobernadores y bloques legislativos para intentar introducir cambios.

Aunque la versión final incluyó algunas concesiones, los sindicalistas entienden que fueron insuficientes. Por ese motivo, tras una movilización a Plaza de Mayo que no alcanzó la masividad esperada, la central no descarta un nuevo paro general si la iniciativa avanza sin modificaciones sustanciales.

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Entre los puntos centrales que la CGT buscará cambiar figura la eliminación de la obligatoriedad de retener la cuota sindical, un aspecto que afecta el financiamiento gremial. También pretende liberar las cuotas solidarias, hoy condicionadas por el proyecto, y rechaza el tope del 20% a las retenciones salariales.

Otro eje de conflicto es la reglamentación del derecho de huelga, especialmente los porcentajes mínimos de servicios que deberían garantizarse. La CGT sostiene que ese artículo es judicialmente vulnerable, ya que normas similares ya fueron frenadas por la Justicia laboral.

La central obrera también cuestiona la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que financiaría despidos sin causa y que, según sus cálculos, desfinanciaría el sistema jubilatorio. A esto se suma el rechazo a los límites a la actividad de los delegados sindicales, la prioridad de los convenios por empresa sobre los sectoriales y la reducción de aportes a las obras sociales.

Con este escenario, la CGT encara un 2026 decisivo: si logra frenar o modificar la reforma, fortalecerá a su conducción; si fracasa, quedará expuesta a una derrota política con impacto directo en el poder sindical.

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