MEDIDAS
El presidente Javier Milei firmó un decreto que introduce cambios en el proceso de designación de jueces federales, miembros de la Corte Suprema de Justicia y autoridades del Ministerio Público. Según el Gobierno, la reforma apunta a reducir trámites administrativos, acortar plazos y acelerar la cobertura de cargos vacantes en el sistema judicial.
La iniciativa modifica mecanismos que estaban vigentes desde 2003 y redefine el esquema de evaluación de candidatos antes de que sus pliegos lleguen al Senado.
Qué cambia con el nuevo decreto
Uno de los puntos centrales de la reforma es la eliminación de varios procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588, dictados durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Hasta ahora, esas normas contemplaban instancias previas de participación ciudadana, consultas públicas y recepción de observaciones sobre los candidatos propuestos para ocupar cargos judiciales.
Con la nueva reglamentación, esos mecanismos dejan de formar parte de la etapa administrativa previa dentro del Poder Ejecutivo, aunque el Gobierno sostiene que los controles continuarán a través del tratamiento legislativo de los pliegos.
El Senado concentrará el análisis de los candidatos
La Casa Rosada argumenta que la participación ciudadana y la evaluación pública de antecedentes ya están garantizadas durante el proceso que se desarrolla en el Senado, donde los postulantes deben atravesar audiencias y obtener el acuerdo correspondiente.
Por ese motivo, el Ejecutivo considera innecesario duplicar procedimientos antes de formalizar las nominaciones.
A pesar de los cambios, el Ministerio de Justicia continuará publicando los antecedentes profesionales y las declaraciones juradas de los candidatos para garantizar el acceso a la información pública.
Menos plazos administrativos y más rapidez en los nombramientos
La nueva normativa también reduce los tiempos previstos para distintos trámites vinculados con las designaciones judiciales.
Entre las modificaciones se destacan:
- Plazos más breves para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales.
- Reducción de los tiempos de elaboración de informes fiscales y previsionales.
- Actualización de los mecanismos de difusión de candidaturas mediante plataformas digitales oficiales.
Además, se prioriza la publicación de información en sitios web del Estado por encima de los tradicionales avisos en medios gráficos.
El objetivo: cubrir vacantes en la Justicia
Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá acelerar la designación de magistrados en un sistema judicial que registra numerosas vacantes en tribunales nacionales y federales.
Según los fundamentos del decreto, la falta de cobertura de esos cargos genera demoras en la resolución de causas y afecta el funcionamiento normal de la Justicia en distintas jurisdicciones del país.
Las críticas que podría generar la medida
Aunque la administración de Javier Milei asegura que no se eliminan los mecanismos de transparencia, sectores de la oposición y organizaciones vinculadas al ámbito judicial podrían cuestionar la reforma.
Las principales objeciones apuntan a la supresión de instancias de control previas dentro del Poder Ejecutivo, que durante más de dos décadas permitieron la presentación de observaciones ciudadanas antes de que los candidatos fueran enviados al Senado.
El debate se centrará en determinar si la simplificación de los procedimientos fortalece la eficiencia administrativa o reduce herramientas de control institucional sobre los futuros nombramientos judiciales.
