MUY PREOCUPANTE
El Congreso bajó el telón del año legislativo con una magra performance, la peor de la última década: 22 sesiones, de las cuales 11 fueron especiales, solo 11 leyes sancionadas, 20 emplazamientos a comisión, 7 vetos del Poder Ejecutivo y 5 DNU rechazados.
La cifra de que 11 de 22 sesiones fueran especiales expone de forma clara la incapacidad de las fuerzas políticas para acordar un temario. A esto se sumó un fenómeno inédito: el salto de tres emplazamientos en años anteriores a 20 en 2025, una señal de que la oposición buscó forzar el tratamiento de proyectos frente a un oficialismo que evitaba habilitar debates.
Una producción legislativa bajo mínimos
De las 11 leyes sancionadas, tres fueron acuerdos internacionales pendientes del gobierno de Alberto Fernández, mientras que las otras ocho correspondieron a iniciativas de la oposición: la emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad, la modificación de los Aportes del Tesoro de la Nación, el financiamiento universitario, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás. No hubo proyectos del oficialismo convertidos en ley.
Aún más, 7 de las 11 leyes fueron vetadas por el Poder Ejecutivo, aunque en tres casos el Congreso insistió y revirtió los vetos. En la práctica, el Parlamento funcionó como un espacio claramente opositor, utilizando de manera intensiva las herramientas institucionales para sostener su agenda y limitar al Gobierno.
La tensión también se trasladó al control de los decretos de necesidad y urgencia: en 2025 se rechazaron 5 DNU sobre un total de 33, otra muestra de la disputa entre poderes.
La debilidad oficialista y el desafío de construir alianzas
La estrategia del oficialismo estuvo condicionada durante todo el año por su fragilidad numérica. La Libertad Avanza tuvo una representación muy minoritaria y no logró consolidar un bloque estable con los espacios con los que llegó al poder en 2023. Ese fue, según fuentes legislativas, uno de los reclamos expresados a Javier Milei por interlocutores como el FMI y el Gobierno de Donald Trump, ante la dificultad de avanzar con reformas estructurales.
Sin embargo, la nueva composición del Congreso tras las elecciones de octubre abre un escenario más favorable para el Gobierno, que podría pasar de una postura defensiva a una más propositiva si consigue construir alianzas.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo sumó 64 bancas, consolidándose como segunda minoría. Con el PRO y otros aliados eventuales, podría llegar a 93 escaños, cifra clave para asegurar más de un tercio del cuerpo y sostener vetos presidenciales.
Del lado opositor, Fuerza Patria obtuvo el 30,02% de los votos y retuvo 45 de las 46 bancas que ponía en juego, mientras que Provincias Unidas logró 7 bancas y el Frente de Izquierda, 4.
En el Senado, donde se renovaron bancas en ocho provincias, La Libertad Avanza ganó en seis y pasó de 6 a 19 senadores. La oposición, encabezada por Fuerza Patria, quedó con 22 bancas, mientras que fuerzas provinciales alcanzaron 4 escaños.
Un Congreso sin mayorías: la llave del diálogo
Ningún bloque alcanzó la mayoría propia de 37 senadores, por lo que la gobernabilidad dependerá del diálogo con terceros espacios y de la articulación con los gobernadores. En este contexto, el desafío para el Gobierno será capitalizar la nueva correlación de fuerzas y construir acuerdos que permitan dejar atrás el año legislativo más pobre en una década.
