MINERÍA EN ESPERA
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Mendoza (APDH) y la Asociación Civil Xumek denunciaron que el Gobierno de Mendoza no respeta acuerdos internacionales al restringir la participación ciudadana en la Audiencia Pública del proyecto megaminero San Jorge, en Uspallata.
El encuentro, convocado por la Autoridad Ambiental Minera (Resolución Nº 211/25 y Nº 55/25), busca evaluar el impacto ambiental y social del emprendimiento de extracción de oro y cobre, industria que enfrenta a pobladores que defienden el agua y promotores de la minería.
Las organizaciones critican que la audiencia se realizará en un lugar "incierto, inaccesible y limitado", obstaculizando el derecho a la participación. Exigen su suspensión hasta que se garantice un espacio abierto, seguro para ambientalistas y conforme al Acuerdo de Escazú.
En paralelo, adentro de la legistatura la diputada Gabriela Lizana también presentó un proyecto solicitando al Ministerio de Energía y Ambiente un informe sobre presuntas irregularidades en la convocatoria a dicha audiencia.
El proyecto San Jorge, impulsado por la multinacional Solway —dueña de más de 70 concesiones en la zona—, es visto como el inicio de una expansión minera en un área sensible. La disputa refleja la tensión entre el desarrollo que busca impulsar el actual gobierno y la conservación de fuentes de agua dulce con la que insisten ambientalistas desde hace años.
