INCENTIVOS
El empleo público en Mendoza atraviesa un proceso de transformación desde la segunda gestión de Alfredo Cornejo, con la incorporación de incentivos salariales vinculados al desempeño en distintas áreas del Estado.
En salud, el Ejecutivo creó en 2024 un régimen salarial optativo para médicos, que combina un componente fijo por horas y otro variable por productividad. La remuneración adicional se calcula a través de una unidad de medida llamada Unidad Sanitaria (US), con un valor inicial de $180.000. Bajo este sistema, los salarios no se negocian en paritarias y la adhesión es exclusiva para médicos, lo que generó resistencia gremial en Ampros.
En el ámbito docente, los incentivos no son nuevos. Desde 2016 rige el ítem aula, que premia la asistencia y puede representar un porcentaje clave del salario. A esto se sumaron en 2024 los adicionales de especialidad —para quienes acrediten posgrados o capacitaciones— y de arraigo, que otorga un plus a quienes permanecen en la misma escuela sin pedir traslado. Este último está atado al presentismo y fue criticado porque excluye a docentes con menos de 18 horas cátedra o con situaciones laborales más inestables.
El debate también alcanzó al régimen 15, que abarca a trabajadores de salud, la Dirección de Protección (ex Dinaf) y la Dirección de Registros y Personas Jurídicas. Allí, el Gobierno propuso un incentivo por desempeño que supone evaluaciones trimestrales y una asistencia mínima del 90%. El gremio ATE rechazó la propuesta, al calificarla como “una reforma laboral encubierta”.
Mientras algunos sindicatos, como el SUTE, aceptaron los aumentos salariales ofrecidos, ATE mantiene la pulseada y advierte que estos mecanismos pueden profundizar desigualdades, ya que dejan fuera a quienes por enfermedad, traslado o falta de recursos no logran cumplir los requisitos.
