CURRÍCULA
El Gobierno nacional eliminó por decreto las jornadas obligatorias sobre educación vial y violencia de género en las escuelas de todo el país. A través del Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial, se derogaron artículos clave de dos leyes nacionales, con el argumento de que estas actividades generan “superposición de funciones” y duplicación de estructuras estatales.
La medida impacta directamente en las normativas vigentes hasta ahora. Puntualmente, se anuló el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, que disponían acciones vinculadas a la educación vial en el ámbito escolar.
Además, se dispuso la disolución del Observatorio de la Educación Vial, creado por la misma ley, al considerar que su rol se superponía con el del Consejo Federal de Seguridad Vial. Según el decreto, esta estructura nunca llegó a funcionar efectivamente.
Argumentos del Ejecutivo
La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. En los fundamentos, el Gobierno afirma que la administración nacional no debe encargarse de organizar estas jornadas educativas, ya que esa responsabilidad fue transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Ley 24.049.
El decreto también remarca que estas modificaciones responden a los principios de “eficiencia administrativa, racionalidad presupuestaria y reducción del gasto público”, en línea con los objetivos de la Ley Bases 27.742. El texto sostiene que se apunta a “una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”.
Cuestionamientos y próximos pasos
La decisión se enmarca en un contexto más amplio de revisión de contenidos escolares, que incluye la Educación Sexual Integral (ESI), actualmente bajo análisis del Ministerio de Capital Humano. Por otro lado, el decreto fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, cumpliendo con la Ley 26.122 que regula la revisión parlamentaria de decretos de necesidad y urgencia.
Con esta medida, el Ejecutivo profundiza su política de achicamiento del Estado y avanza sobre temas educativos sensibles que, hasta ahora, contaban con un amplio respaldo normativo y social. La eliminación de estas jornadas obligatorias genera preocupación en diversos sectores vinculados a la educación, los derechos de género y la seguridad vial.
