RESONANTE CASO
Luego de cuatro jornadas del juicio sobre el secuestro y asesinato de Diego Aliaga, este martes finalizó el alegato de la fiscal María Gloria André, en donde solicitó al Tribunal que condene a cuatro de los cinco acusados a prisión perpetua. Para el quinto sospechoso pidió una pena de 25 años tras un beneficio por la Ley del Arrepentido.
“Esta historia no tenía otro fin de que la muerte de Diego Aliaga. Fue un plan en el que todos aportaron su granito de arena”, expuso la fiscal en su exposición que finalizó pasado el mediodía.
El exdespachante de aduanas, informante policial y señalado como nexo o facilitador de una banda que cobraba coimas a detenidos acusados de delitos federales y que tenía al juez Walter Bento como jefe, causa que mantiene al magistrado en el banquillo por estos días.
Los detalles de la acusación
Diego Alejandro Barrera, su esposa, Bibiana Sacolle, y los hijos de ella, Gastón y Lucas Curi son los principales apuntados por la Fiscalía como coautores de la sustracción, retención y ocultamiento de Aliaga para lograr que insertara la firma en unos documentos, agravado por ser más de tres los partícipes, por conseguir el resultado y por derivar en la muerte de la víctima.
Según André, la familia Barrera, planeó cada uno de sus movimientos para quedarse con millonarios bienes, muebles e inmuebles de la víctima mientras aseguraban ser socios en un desarrollo de una clínica para chicos discapacitados en calle Bandera de los Andes de Guaymallén. Este fue el último lugar donde se lo vio con vida.
Por su parte, para el empleado del clan familiar Washington, Yamil Rosales, pidió 25 años porque se acogió a la Ley del Arrepentido. Pese a confesar el lugar donde fue enterrado el cuerpo de Diego Aliaga, consideró que aportó información falsa y omitió datos en su declaración.
El próximo martes continuarán los alegatos de las partes. Será la querella, en representación de la familia de la víctima, la que exponga sus argumentos. Luego, las defensas tendrán la última palabra antes de la resolución del tribunal.
Cómo ocurrió el crimen
Diego Aliaga desapareció el 28 de julio del 2020, cuando salió de su casa ubicada en el barrio Palmares a bordo de una camioneta de un vecino. Lo acompañaba una joven con la que había estado reunido horas antes. Paró en una estación de servicio y luego se dirigió a Rodeo de la Cruz. En ese lugar pensaba montar un emprendimiento junto su socio, Diego Barrera. Pero jamás se lo volvió a ver.
Horas después, se presentó la denuncia por su desaparición. En ese momento, su hermano recibió un supuesto llamado extorsivo donde le pidieron un millón de dólares por el rescate de Aliaga.
Las evidencias en la investigación fueron cercando al socio de Diego Aliaga, hasta que el 4 de agosto fue detenido junto a su pareja Bibiana Sacolle y los hijos de la mujer. Las comunicaciones telefónicas que mantuvo el clan familiar el día de la desaparición, sumado a las cámaras de seguridad que grabaron a Barrera entrando a la propiedad en Rodeo de la Cruz y luego ingresando al barrio Palmares en la camioneta que manejaba Diego Aliaga fueron claves para la pesquisa.
El 10 de septiembre se encontró el cadáver de la víctima enterrado en un descampado ubicado en Costa de Araujo, luego de la confesión de Yamil Rosales, empleado de la empresa de transportes que tenía la familia Barrera.
El 5 de octubre siguiente, Diego Barrera declaró por primera vez como acusado y confesó haber cometido el hecho de sangre. Aseguró que se peleó con Diego Aliaga por temas económicos y que "se le fue la mano", además intentó desvincular al resto de los sospechosos.
Luego, en el 2021, se unió el caso con la causa que investiga el presunto cobro de coimas por parte de una banda que lideraría el juez federal Walter Bento. Diego Barrera ha declarado varias veces en ese expediente y ha aportado detalles sobre la mecánica de los sobornos para liberar a presos. Para el fiscal Dante Vega, Diego Aliaga era la mano derecha del juez para gestionar los pagos.
