DEBATE TRIBUTARIO
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que incorpora el principio de inocencia fiscal, una reforma que busca redefinir el esquema de controles impositivos y la relación entre el Estado y los contribuyentes. El texto avanzó junto con el Presupuesto 2026 y ahora deberá ser analizado por el Senado.
El nuevo enfoque parte de considerar al contribuyente como cumplidor por defecto, salvo que existan pruebas concretas de evasión. En ese marco, la iniciativa apunta a reducir la carga administrativa, limitar fiscalizaciones masivas y concentrar los controles en casos de mayor relevancia.
Uno de los cambios centrales impacta en el Régimen Penal Tributario, con la actualización de los montos mínimos que habilitan una denuncia penal. Además, se mantiene la posibilidad de evitar la acción penal si la deuda se cancela antes de que el fisco formalice la denuncia, aunque este beneficio solo podrá utilizarse una vez por contribuyente.
El proyecto también modifica los plazos de prescripción. Para los contribuyentes cumplidores, el plazo general se reduce de cinco a tres años, mientras que para quienes no estén inscriptos se mantiene en diez años. A su vez, se elimina la suspensión automática de la prescripción por el inicio de una determinación de oficio.
Otro eje relevante es la creación de un régimen opcional de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias. En este esquema, la declaración será confeccionada por la administración tributaria con la información disponible y, si el impuesto se paga en término, se liberará al contribuyente de otras obligaciones formales, salvo casos de errores graves o inconsistencias significativas.
Aunque en el debate público se lo vinculó con los “dólares del colchón”, el proyecto no establece un blanqueo de capitales ni habilita la exteriorización de activos. Su efecto sería indirecto, al limitar el uso de presunciones patrimoniales automáticas, sin eliminar las facultades de fiscalización del Estado.
