FALLO JUDICIAL
La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza fue condenada a pagar una indemnización de $3.717.781,82 —más intereses— a la familia de una niña que fue víctima de bullying en una escuela pública. Así lo resolvió la jueza Jorgelina Iermoli Blanco, del Segundo Tribunal de Gestión Asociada, al considerar que la institución educativa no actuó con la debida diligencia para proteger a la alumna.
El caso se remonta al año 2021, cuando una estudiante de 11 años comenzó a sufrir agresiones físicas y verbales por parte de un compañero de quinto grado. A lo largo de ocho meses, el hostigamiento escaló hasta afectar seriamente la salud mental de la niña, quien debió ser internada en el Hospital Notti tras una crisis de angustia.
Falla en la protección y omisión institucional
El fallo determinó que la escuela no contaba con un protocolo específico para actuar ante situaciones de acoso escolar, ni ofreció acompañamiento psicológico a la menor. Solo cuando el cuadro se tornó crítico se convocó a un equipo interdisciplinario, aunque la intervención fue tardía.
Durante ese período, la institución se limitó a confeccionar actas, sin tomar medidas efectivas para frenar el bullying. Como respuesta, trasladó a la víctima a otro turno en lugar de tomar medidas con el agresor, lo que la obligó a distanciarse de sus amigas. Más tarde, debió ser inscripta en dos escuelas más debido a la persistencia del maltrato.
Una pericia médica determinó que la niña sufrió una incapacidad psíquica del 18%, afectando su autoestima, autoimagen y comportamiento. El daño emocional fue determinante en la resolución judicial.
Responsabilidad del Estado
La jueza remarcó que la DGE tenía una doble obligación: garantizar la educación y la integridad física y emocional de los estudiantes. Al no cumplir con esta última, el Estado fue considerado responsable del daño ocasionado.
Aunque la familia también había reclamado gastos médicos, ese punto fue rechazado por el tribunal por cuestiones técnicas. En cambio, la indemnización por daño moral fue aprobada y, según el fallo, permitirá, entre otras cosas, la compra de una computadora para la joven como parte del proceso de reparación.
Este fallo marca un precedente importante en la provincia al responsabilizar al Estado por no actuar adecuadamente ante situaciones de acoso escolar. También reabre el debate sobre la necesidad de protocolos claros y equipos de contención permanentes en las escuelas.
