JUSTICIA EN LA TIERRA
Cumpliendo lo dispuesto en la sentencia del juez Darío Dal Dosso, del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, de San Martín, pasadas las 8.30 de este viernes un oficial de Justicia ingresó a la vivienda ubicada en Zapiola 470 y efectuó así la restitución de ese inmueble a favor de Laura B., una mujer con discapacidad mental, de 50 años, que había sido víctima del delito de usurpación.
La crónica
El móvil 3563 estacionó casi en la puerta y se bajaron dos policías. Después llegó el 3690, se paró detrás y bajaron otros dos. Más tarde una camioneta policial cortó la calle y bajaron dos más. Un subcomisario llegaría después en su vehículo particular.
Entretanto, llegaría también un representante del Ministerio Público Fiscal, la asesora de Pobres e Incapaces, Nadia Tordi, y una prima de Laura B. que es quien se encarga de su cuidado. Todos esperaron pacientemente que arribara al lugar el oficial de Justicia con la orden de desalojo y posterior restitución. Esta casa del barrio Jardín Los Andes supo ser, como las demás, una bonita vivienda. Ahora luce descuidada, casi en estado de abandono.
El medidor de consumo eléctrico 20850 fue retirado por la distribuidora EDESTE. Tampoco están los cables que conectaban la pilastra con la red. En cambio, aún hay agua corriente. Una pérdida en el patio delantero así lo delata. La comitiva espera a la sombra de un siempre verde y un olmo, árboles que crecen en la vereda y que deben tener unos veinte años.
En el patio delantero se ven, cortadas a sesenta centímetros del suelo, lo que fueron dos palmeras grandes, más añosas que los árboles de la vereda. También hay un olivo, mutilado de la misma forma. Por el portón mal cerrado de la entrada vehicular, se ven dos gatos. Son gatos pequeños, de unos dos o tres meses. Los dos tienen collar. Uno es negro y el otro de pelaje claro. Los gatos, y la música que viene del interior de la casa de Zapiola 470, advierte que alguien habita ese lugar pese a que las dos ventanas del frente no tienen vidrios y están cubiertas con nylon.
En una de las ventanas, en la más grande y que seguramente es la del comedor, hay un cartel de plástico con letras impresas: “Prohibido pasar. Propiedad privada en reparación. Propiedad de Roberto Gabutti”, advierte, además de tener un número de teléfono al pie.
Hace justo veinticuatro horas que el juez Darío Dal Dosso, del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, de San Martín, dijo que ese cartel no refleja la verdad. En la sentencia sostuvo que Gabutti usurpó la casa y lo condenó a un año de prisión efectiva, debido a que el imputado ya tenía antecedentes. Y dispuso la inmediata restitución de la casa a Laura B., que no entra en ella hace años, después de que la ocuparan mientras ella estaba internada en un hospital psiquiátrico.
Llega el oficial de Justicia. Después de cruzar algunas palabras con los presentes, golpea las manos frente al portón, debido a que la puerta de ingreso de la casa parece clausurada. Treinta segundos después se asoma una mujer. Luce soñolienta, humilde, ahora preocupada. El oficial de Justicia le informa que debe desalojar la vivienda, porque hay una orden de restitución. La mujer le dice que es empleada de Gabutti y que debería hablar con él antes. También dice que debería tomarse un poco de tiempo para embalar sus cosas, encontrar un lugar donde vivir con su hija, alguien que le lleve las cosas…
Entonces, interviene el representante del Ministerio Público Fiscal. En tono muy cortés y explicativo, le dice a la mujer que se debe cumplir la medida judicial de inmediato y que, en caso de no hacerlo, se incurriría en un delito. La mujer entiende, no se resiste, pero dice que llamará a su patrón. Así lo hace y, después de una breve conversación, le pasa el aparato al oficial de Justicia, que habla con Gabutti y le pide que colabore para que la mujer se pueda retirar de allí.
La conversación da resultados. Entonces, la mujer dice que necesita un tiempo para vestirse (tiene un short y una remera que seguramente ha usado para dormir) y juntar sus pertenencias. Además, acepta que la comitiva ingrese a la casa. Solo lo hace el oficial de Justicia, la asesora Tordi y la prima de Laura B.
Los policías y el funcionario de la Fiscalía se quedan afuera y se quedarán allí, por prevención, hasta que culmine la medida judicial. Laura B. está internada en un hospital psiquiátrico. Su estado así lo requiere, pero su prima, que ahora hará posesión de la casa en su nombre, la traerá los fines de semana. Laura B. volverá a ingresar a su casa de la infancia, esa que
había perdido, después de varios años.
Una vez que quede firme la sentencia, el condenado deberá presentarse ante el Tribunal para quedar detenido y cumplir con la pena de prisión.
