CAMBIOS
Con la llegada del invierno y el aumento de personas en situación de calle, el Gobierno nacional redefinió su rol en la asistencia social. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, delegó a las provincias la atención inmediata de personas y familias en situación de calle o en riesgo de estarlo, así como la implementación de políticas de vivienda social.
El cambio normativo modifica aspectos clave de la Ley 27.654, que establecía obligaciones directas para el Estado nacional. La norma anterior exigía mantener y no reducir los programas de asistencia existentes. Con la nueva reglamentación, esa responsabilidad pasa a las provincias, mientras que el Gobierno nacional actuará de forma complementaria o subsidiaria, en casos donde las jurisdicciones no cuenten con los recursos suficientes.
Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, continuará siendo la autoridad de aplicación y se encargará de establecer directrices generales, coordinar acciones y supervisar la implementación mediante un sistema de control y rendición de cuentas.
Otro cambio relevante fue la modificación del artículo referido al derecho a una vivienda digna. Mientras que la ley original garantizaba ese derecho y exigía cupos específicos para personas sin hogar en los planes habitacionales, el nuevo texto indica que serán las provincias, en coordinación con Nación, las encargadas de generar condiciones para garantizar ese acceso, sin compromisos concretos sobre cupos o construcción.
El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, la ministra Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La medida refleja un giro en la política social, con mayor peso en las provincias y un repliegue del Gobierno nacional en la asistencia directa a sectores vulnerables.
