REFORMA POSELECCIONES
El Gobierno de Javier Milei, sin importar el resultado de las próximas elecciones, ratificó su decisión de ejecutar la reforma laboral que viene anticipando desde el inicio de su gestión. El eje central de la iniciativa será la creación de un sistema de “salarios dinámicos”, donde la remuneración deje de estar vinculada a la inflación y pase a depender de la productividad individual.
En paralelo, la reforma propone equiparar el tratamiento de los autónomos precarizados con el de los empleados registrados, lo que en la práctica podría significar una homologación hacia abajo de derechos y beneficios laborales.
Desde el otro lado del mostrador, ATE bonaerense reclamó la reapertura de la negociación colectiva ante el Ministerio de Trabajo provincial, con el objetivo de actualizar los haberes y defender las condiciones laborales frente al contexto de ajuste estructural. “Mes a mes vemos cómo la inflación impacta sobre nuestros bolsillos”, advirtió el secretario general Claudio Arévalo, quien acusó al Gobierno de “presionar sobre los acuerdos paritarios” y de convertir el salario “en variable de ajuste”.
Los indicadores del INDEC acompañan esa preocupación: el índice de confianza industrial se ubicó en -23,2% en septiembre de 2025, y el de supermercados y autoservicios mayoristas también en negativo, con -3,9%. En este escenario, las negociaciones paritarias podrían verse condicionadas por el temor a nuevos despidos o cierres de plantas.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la iniciativa al afirmar que busca “modernizar los convenios colectivos”, adaptándolos “a la realidad de cada empresa y región”, y establecer salarios que premien la productividad. Pero también sostuvo que los convenios deberían tener una “exigencia mínima basada en la empresa más desfavorecida en la zona más desfavorecida del país”, una definición que abre la puerta a reducir los pisos salariales y permitir a los empleadores ajustar sueldos según resultados.
Flexibilización y largas jornadas
Un empresario que participó de una cena en Olivos reveló que el Presidente habló de una flexibilización laboral más profunda, con jornadas de hasta 13 horas y horas extras compensadas en lugar de pagadas. La medida, en línea con acuerdos con el FMI y el Tesoro de Estados Unidos, busca reducir costos laborales y fomentar el empleo formal, desligando el salario de la inflación y atándolo al rendimiento individual.
Sin embargo, el análisis de Infogremiales sostiene que la iniciativa “nivela hacia abajo los derechos y salarios” de millones de trabajadores, transformando los pisos convencionales en techos de negociación individual. En la práctica, los sistemas de pago por rendimiento terminan siendo herramientas de disciplina y sobreexigencia, más que verdaderos incentivos a la productividad.
El poder adquisitivo en caída
La advertencia sindical es clara: desvincular los salarios de la inflación equivale a institucionalizar la pérdida del poder adquisitivo en un contexto de precios en alza. “El riesgo económico se trasladaría del empleador al empleado”, remarcaron.
La consultora Equilibra describió el escenario de los 14,5 millones de trabajadores registrados como un ciclo de caída, recuperación parcial y posterior estancamiento. En los primeros dos años del Gobierno de Milei, el poder adquisitivo sufrió una contracción del 19% respecto del promedio de 2023.
Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) confirman un retroceso del empleo formal, con menos empleadores activos y una caída sostenida de los puestos registrados.
Persianas bajas y telegramas
De acuerdo con un informe del Centro CEPA, desde diciembre de 2023 el número de empleadores con personal registrado cayó en 4.472 casos (-2,7%), mientras que la nómina de trabajadores se redujo en 88.460 puestos (-2,7%).
El sector de la Construcción lideró las pérdidas con 755 empleadores menos y una caída del 18,7% en los puestos formales. Le siguieron la Industria manufacturera, el Transporte, el Comercio y los Servicios culturales e inmobiliarios.
Los datos reflejan que el ajuste no distingue tamaños: el 99,8% de la caída de empleadores se dio entre las pymes, aunque las grandes empresas también redujeron personal en más del 2,9%.
