El caso del consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación, Gustavo Villegas, quien fue encontrado alcoholizado en un control policial, se convirtió en un tema incómodo dentro del oficialismo provincial y ahora quedó sujeto a una definición política del gobernador Alfredo Cornejo.
El episodio ocurrió el pasado 7 de febrero en General Alvear, cuando Villegas fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre.
Tras conocerse la situación, el funcionario puso su renuncia a disposición y difundió una carta pública en redes sociales en la que pidió disculpas por lo ocurrido.
Sin embargo, pese a ese gesto, el consejero aún no fue formalmente apartado del cargo y la resolución definitiva permanece en manos del Ejecutivo provincial.

Un dilema político
La situación presenta un escenario complejo para Cornejo, quien en reiteradas oportunidades se manifestó a favor de aplicar sanciones estrictas a funcionarios públicos que conduzcan bajo los efectos del alcohol. Esa postura genera ahora presión interna para mantener coherencia con antecedentes similares.
En Casa de Gobierno buscan bajarle el tono al tema y aseguran que “no es una cuestión relevante hoy” dentro de la agenda oficial. No obstante, puertas adentro del oficialismo admiten que el caso genera incomodidad política y que, en parte, se intentó dilatar una resolución para que la polémica perdiera visibilidad pública.
La reunión que podría definir todo
La próxima semana será clave. El titular del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, tiene previsto reunirse con el gobernador para exponer personalmente la situación.
En ese encuentro, además de la renuncia firmada por Villegas, Marinelli llevará cartas de respaldo firmadas por referentes de inspecciones de cauce y productores de Real del Padre y San Pedro del Atuel, quienes solicitaron que el consejero continúe en funciones.
Aunque no lo expresó públicamente, dentro del organismo entienden que Marinelli apuesta a sostener al funcionario y utilizará esos apoyos territoriales como argumento político para convencer al mandatario provincial.
La postura de la vicegobernadora
El escenario suma otro elemento de tensión interna. Cuando ocurrió el hecho, Cornejo se encontraba fuera del país y la conducción del Ejecutivo estaba a cargo de la vicegobernadora, Hebe Casado.
En ese momento, Casado fue categórica al señalar que a todos los funcionarios que infringieron la ley en situaciones similares se les pidió la renuncia y remarcó que “no hay doble vara”, dejando en claro que, a su entender, Villegas debía abandonar el cargo.
Expectativa por la decisión final
Con posiciones internas distintas y presión política cruzada, el futuro del consejero del Río Atuel quedó atado a una decisión que excede lo administrativo y se vuelve simbólica para la gestión provincial.
La resolución que adopte el gobernador no solo definirá la continuidad o no de Villegas en el DGI, sino también el mensaje político que el Gobierno buscará transmitir respecto del cumplimiento de normas y responsabilidades públicas.



