REORGANIZACIÓN
La provincia dio un paso estructural en materia de niñez y adolescencia con la puesta en marcha de la Ley 9698, una norma que modifica el esquema vigente y redefine cómo interviene el Estado ante situaciones de vulnerabilidad. El objetivo es unificar criterios y mejorar la coordinación entre áreas.
Dentro de los cambios, la Dirección de Protección y Restitución de Derechos asume un papel más central, con mayor capacidad de conducción y articulación territorial. El organismo pasa a tener intervención constante y un perfil técnico específico, orientado a una gestión más especializada.
También se reordenó el trabajo de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, que ahora deberán actuar bajo pautas comunes y procedimientos definidos. La intención es evitar intervenciones aisladas y avanzar hacia respuestas más rápidas y coordinadas frente a cada caso.
El giro más significativo impacta en la primera infancia, ya que los centros de cuidado y contención fueron incorporados al ámbito de la Dirección General de Escuelas. Con este cambio, el sistema prioriza una mirada educativa sin dejar de contemplar aspectos sociales, sanitarios y alimentarios.
A su vez, la normativa impulsa el uso de herramientas tecnológicas para registrar información y anticipar situaciones de riesgo, al tiempo que fortalece el vínculo con las familias y el seguimiento de las trayectorias educativas. Todo el esquema quedará bajo evaluación permanente para ajustar su funcionamiento según los resultados.
