CRISISi EN VITIVINICULTURA
La industria del vino argentino atraviesa una fuerte polémica luego de que el oficialismo impulsara un proyecto de ley para eliminar la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). El debate, enmarcado en la ola de desregulación económica promovida por el gobierno nacional, dividió a las principales bodegas del país.
La iniciativa surgió del diputado Damián Arabia, quien presentó una propuesta que busca derogar la ley que en 2004 creó a la Coviar durante la presidencia de Néstor Kirchner. Según Arabia, se trata de "un currito más para controlar el sistema del vino", y propone terminar con los aportes obligatorios de las empresas del sector al ente público-privado.
De un lado, se encuentran los defensores de la Coviar, que consideran que su existencia es clave para el desarrollo estratégico de la vitivinicultura argentina. Del otro, se posicionan las grandes bodegas agrupadas en Bodegas de Argentina, que reclaman mayor transparencia y cuestionan la obligación de financiar una institución que, según ellos, ha perdido eficacia.
Actualmente, la Coviar administra un presupuesto de aproximadamente $3.800 millones en 2024 (unos u$s4 millones al tipo de cambio promedio), provenientes en su mayoría de los aportes de productores y bodegas. Sin embargo, la entidad también recibe en ocasiones fondos estatales de los ministerios de Economía y Desarrollo Social.
La interna expuso viejas tensiones. Mientras la Coviar destaca que los aportes representan "entre 40 y 80 centavos" por litro de vino o kilo de uva y que su accionar permite articular el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), las críticas apuntan a un supuesto uso político y falta de control en la gestión de los fondos.
Bodegas de Argentina, liderada por Walter Bressia, difundió un duro comunicado donde sostiene que "el vino argentino atraviesa un momento difícil" y que es necesario terminar con "cargas impositivas imposibles de sostener en este nuevo modelo". Además, denuncia que las empresas se ven inmovilizadas en caso de atrasos en los pagos a la Coviar.
Por su parte, la Coviar respondió con un fuerte comunicado firmado por 30 entidades vitivinícolas de todo el país, donde acusa al diputado porteño de representar intereses centralistas en detrimento del federalismo productivo. "No se trata sólo de recursos, sino de quién toma las decisiones estratégicas para la vitivinicultura argentina", remarcaron.
La discusión recién comienza, pero ya evidencia que detrás del debate económico hay una disputa política y de poder dentro de la industria del vino argentino.
