VULNERACIÓN DE DERECHOS
A más de cuatro años de la legalización del aborto en Argentina, las políticas de salud sexual y reproductiva se encuentran en una situación crítica. Desde la asunción de Javier Milei como presidente, se han implementado medidas que desatienden el acceso a tratamientos esenciales, poniendo en peligro la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. A pesar de los avances en derechos conquistados por la marea verde, el actual gobierno ha desmantelado diversos programas que garantizaban el acceso a la salud sexual, incluidos los tratamientos para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y los métodos anticonceptivos.
En lo que va de 2024, el Ministerio de Salud no ha distribuido ninguno de los 100.400 tratamientos para la IVE y la interrupción legal del embarazo (ILE) que se habían planificado, lo que ha generado un desabastecimiento crítico en las provincias. Además, se ha suspendido la compra de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales para acceder a un aborto seguro, lo que ha generado escasez en varios puntos del país. Esta paralización afecta principalmente a las personas en situaciones más vulnerables, quienes enfrentan barreras económicas y logísticas para acceder a los insumos necesarios.
El retroceso en materia de acceso a la salud sexual se agrava con la reducción en la distribución de anticonceptivos y preservativos, lo que pone en riesgo el aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y vulnera el derecho de las personas a decidir sobre su maternidad. A esto se suman los recortes en programas preventivos como el Plan ENIA, que desde su implementación en 2017 había logrado disminuir significativamente la fecundidad adolescente, beneficiando a muchas jóvenes con la posibilidad de continuar sus estudios y tener un futuro laboral.
Este desmantelamiento de políticas públicas no solo afecta el acceso a la salud de miles de personas, sino que también genera un clima de inseguridad y miedo, especialmente en aquellas regiones donde prevalecen discursos contrarios a los derechos reproductivos. Las amenazas de derogación de la ley de aborto y los constantes ataques a las políticas de género dificultan aún más el acceso a estos servicios esenciales.
