Waltergate
En esta semana iniciaron las declaraciones de los testigos en el juicio contra Walter Bento, en el cual es señalado como presunto líder de una asociación ilícita que se dedicaba a cobrar coimas a presos a cambio de favores judiciales. Uno de los primeros en sentarse frente al Tribunal fue el abogado Carlos Varela Álvarez, quien reveló cómo llegaron a relacionarse el exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, y otro protegido con el juez federal.
El abogado especialista en derechos humanos dio detalles sobre decisiones procesales del juzgado de Bento que a él le hicieron sospechar, ya que fue quien investigó el crecimiento patrimonial de Luis Lobos, hoy detenido, y junto a un grupo de abogados acompañó la denuncia que presentaron concejales del Frente de Izquierda contra el jefe comunal.
Su amigo personal, el abogado Omar Venier, ya fallecido, asumió la defensa de Lobos frente a las denuncias por enriquecimiento ilícito ante la justicia provincial y lavado de activos. "Una noche me llama al teléfono fijo de mi casa y me dijo: 'la causa de lavado de activos, no va a andar. Te quiero avisar, porque yo no juego así. Esa causa va a quedar quieta. No me eches la culpa a mi. Después te cuento'. Y así fue porque la causa nunca se movió", afirmó dando a entender que “se pisó” el expediente en el juzgado de Walter Bento.
Hace años Venier me dijo que tenga cuidado cuando las causas se duermen o cambien de calificación. Su mensaje me quedó grabado
El protegido de Juan Carlos Mazzón
Álvarez también se refirió a otro caso que sucedió hace algunos años e involucra a un funcionario de Irrigación vinculado a Juan Carlos Mazzón y una causa de drogas que nunca avanzó. En esta causa, Jorge Villalón enfrentaba acusaciones por la concesión irregular de pozos de agua de Irrigación.
“Lo que se comentaba era que además había tenido un tema de drogas en la justicia federal, pero que era un hombre de Massón y que en el juzgado, o secretaría, no recuerdo, de Bento se lo había sobreseído a pesar de que habían pruebas. Esa fue la primera alarma respecto a Bento”.
Desde ese momento, Álvarez comenzó a anotar todo lo que le llamaba la atención, poniendo especial foco en los cambios de calificación y causas que no avanzan.
"Fui anotando todo lo que me enteraba. Cambios de calificación, datos que me llamaban la atención", remarcó Varela Álvarez. Incluso, mencionó hechos que no forman parte del requerimiento de elevación a juicio como conflictos con un hipermercado o el prostíbulo VIP que funcionaba en la calle 25 de mayo.
"La situación escala cuando aparece la información respecto a Diego Aliaga. Los medios hablaban de una persona ajena a la justicia que tenía una relación con el juez y abogados. Decidí poner en conocimiento de la fiscalía la información que tenía", narró y además apuntó que había abogados que conseguían cosas que a otros les rechazaban. Así, mencionó los nombres de quiénes aparecían con más frecuencia:
- El doctor Luciano Ortego.
- Javier Angeletti
- Jaime Alba.
"Eso lo noté antes de que apareciera lo de Aliaga", aseguró y mencionó como un caso testigo el de la excarcelación de Eugenio Nasi por un problema de hemorroides.
"El caso del chino (Cheng Zheng por contrabando) algunos colegas comentaban que llamaba la atención los motivos de la excarcelación del señor Nasi y que le habían entregado la plata de su fianza. Para los demás abogados siempre fueron difíciles las excarcelaciones y exención de prisión. Algunos abogados, como De Casas, siempre hicieron referencia de que los habían apartado de la causa. Eso es lo que me llamaba la atención y lo anoté", agregó.
Sin embargo, Varela Álvarez aclaró que “todo lo expresado lo escuché por terceros. Le corresponderá al tribunal determinar si las medidas judiciales cuestionadas estuvieron bien otorgadas”.
La causa por coimas
El juez federal, Walter Bento, se enfrenta a un megajuicio, donde se lo considera el líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a presos a cambio de beneficios judiciales. También será juzgado por 15 hechos de cohecho activo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica (2 hechos), abuso de autoridad (10 hechos), desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba (su teléfono oficial). Hay otros 31 imputados en la causa.
Se estima que el debate durará, por lo menos, hasta el año que viene. En tanto que desde el 25 de septiembre se realizará el juicio político contra Bento en el Consejo de la Magistratura. Esto será determinante para saber si el juez irá a la cárcel o no.
